Dólar Oficial
$1.600
Dólar Blue
$1.675
Dólar Tarjeta
$2.080
Euro
€1.735,63
Real
R$265,61
Azúcar Tucumán · 50kg
$36.375
Azúcar Int. · Londres N5
US$24,707
Azúcar Int. · EEUU N11
US$423,29
Bioetanol de caña ($/L)
1.083
Bioetanol de maíz ($/L)
992.806

La reunión de trabajo desarrollada en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán entre el ministro de Economía, Daniel Abad (foto inferior) su gabinete técnico y parlamentarios de todas las bancadas derivó en un cruce político enfocado de manera prioritaria en la situación fiscal y contable de las comunas rurales. Mientras el funcionario del Poder Ejecutivo defendió la validez del esquema de fiscalización a posteriori y atribuyó la no inclusión de los presupuestos locales detallados a problemas de conectividad e infraestructura digital en el interior, representantes de la oposición cuestionaron con dureza la falta de transparencia sobre los recursos asignados, denunciaron un incremento sin precedentes de los fondos manejados con facultad discrecional por la administración central en un año electoral y rechazaron que se mantenga una excepción normativa que impide al Poder Legislativo controlar las cuentas de los comisionados comunales.
En el marco del intercambio técnico sobre el proyecto enviado por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, Abad procuró desactivar las objeciones opositoras respecto a la ausencia de un presupuesto desglosado para las administraciones locales, al argumentar que el esquema provincial se apoya de forma legítima en el control posterior. Al fundamentar la posición oficial, el titular de la cartera económica sostuvo: "Eso (por le tema Comunas) quedó aclarado, tiene que ver con el control posterior. Hay provincias que tienen auditoría... y no hacen control preventivo. La propia nación no tiene Tribunal de Cuentas. Hacen control posterior. El mismo que hace el Tribunal de Cuentas en Tucumán. De hecho, hay muchos comisionados rurales en el pasado que han sido sancionados. Es decir, el control se hace y se hace efectivo". Interrogado sobre los motivos específicos por los cuales no se incorporan las planillas analíticas de los pueblos del interior, el funcionario remarcó la persistencia de limitaciones de infraestructura digital, expresando que "no están dadas las condiciones tecnológicas hoy para hacerlo" y precisando que la dificultad "tiene que ver con registros, son 93 comunas, tiene que ver con la conectividad, no hay internet en toda la provincia".

El eje normativo de este debate gira en torno a la inclusión del polémico artículo 9° en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Esta cláusula dispone la suspensión explícita de la Ley N° 6970 de Administración Financiera del Estado Provincial en lo que respecta al Presupuesto de Recursos y Gastos de las Comunas Rurales. Al congelar provisoriamente la aplicación de la norma madre, la medida exime a las 93 comunas tucumanas de integrar el Título IV de la ley presupuestaria general, dejando sin efecto las obligaciones legales de presentar un desglose detallado de sus ingresos, erogaciones, contrataciones y metas físicas, y eximiéndolas de rendir cuentas periódicas ante el parlamento provincial para quedar sujetas únicamente a la fiscalización externa posterior del Tribunal de Cuentas.
Las explicaciones oficiales recibidas durante la reunión fueron categóricamente rechazadas por los legisladores opositores. La parlamentaria Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-foto inferior) expuso su disconformidad con el mecanismo de distribución de fondos e increpó a las autoridades al señalar que ante "$85.000 millones que están destinados a municipios y comunas, nosotros no tengamos un desglose, no sepamos cuánto va a las comunas, cuánto va a los municipios". Al rebatir de forma directa los argumentos tecnológicos esgrimidos por el ministro, la legisladora aseveró que "después de 20 años de tener el mismo artículo en todos los presupuestos, ya para mí no hay justificación", y agregó con preocupación sobre la estructura administrativa interna que "la ley encima al delegado comunal lo pone como un delegado del Ministerio del Interior, o sea, el ministro del Interior (Darío Monteros) es el gran delegado de todas las comunas y si encima de eso cada delegado comunal no sabe ni con cuánto cuenta, imagínense ustedes de qué estamos hablando".

En idéntico sentido, el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán-foto inferior) puso el foco sobre el abultado volumen de recursos que se canalizarán hacia las jurisdicciones locales mediante partidas globales y la discrecionalidad otorgada a la Casa de Gobierno. El representante de la oposición advirtió sobre la expansión de los saldos destinados a cubrir las obligaciones del Tesoro, remarcando que "son los gastos discrecionales que tiene el Ejecutivo, que principalmente van a comunas y municipios" y denunció que de cara al escenario electoral del año entrante "esos gastos pasan de representar el 22% al 27% del presupuesto, o sea, es muchísimo lo que se amplía, qué gastos que va a tener de forma discrecional el Ejecutivo. Estamos hablando de más de $2 billones".

Respecto a las justificaciones operativas dadas por el oficialismo, Courel remató señalando que "la excusa es que la informatización, que hay comunas que no llegan. La verdad que ya no estamos para ese tipo de excusas" e insistió en que "este presupuesto exime de la Ley de Administración Financiera a las comunas", impidiendo que la Legislatura ejerza su función constitucional de control previo y fiscalización sobre las erogaciones del erario público.